Confianza
Cada propuesta, los plazos de deliberación por los que debe pasar de verdad, la raíz de peso del electorado ya comprometida, el recuento determinista y la autoridad bajo la que se ejecutó cada enmienda.
El núcleo constitucional compromete al electorado mediante una raíz de pesos de Merkle públicamente verificable, y hace que todo recuento sea determinista para que cualquier parte pueda reproducirlo. Ambas propiedades eran inalcanzables: toda lectura de gobernanza exigía una clave de API, de modo que la raíz que nadie podía obtener no comprometía nada ante nadie fuera de la empresa. Esta página es ese registro, servido sin autenticación.
Una enmienda llega a ejecución solo tras al menos tres días de discusión pública, dos días de revisión formal con una objeción contraria avalada por fianza que conste en acta, una votación, una ventana de impugnación de siete días en la que cualquier principal con derecho a voto puede depositar una fianza e impugnarla, las firmas de los cargos constitucionales y, además, un bloqueo temporal público de 48 horas. Cada uno de esos plazos se muestra abajo como un instante que puedes ver acercarse. El requisito de los cargos es incondicional: una enmienda en un cuerpo político que no los haya cubierto no se ejecuta, y ningún rol administrativo firma en lugar de uno de ellos.
La ratificación no es solo aritmética. Una enmienda también debe obtener el respaldo de al menos tres clases de participantes medidas de forma independiente — quienes compran, quienes ganan y quienes operan los dispositivos que el mercado alquila — porque este sufragio es deliberadamente ponderado por participación, y la participación se concentra donde se concentra el dinero. La pertenencia a una clase se mide por lo que un principal hizo, nunca por lo que declara, y cada principal cuenta en exactamente una clase. La participación afianzada puede comprar peso en el recuento; no puede comprar un lado del mercado.
Los cargos no son cinco firmas intercambiables. Tres de ellos firman — la Asamblea, que dicta las reglas; el Colegio de Arbitraje, que interpreta la carta; la Junta del Tesoro, que custodia la reserva — y dos de los tres bastan solo si uno es el Colegio, porque el órgano que tendrá que interpretar una carta enmendada debe consentir el cambio. El Mando dirige las operaciones y no firma nada: es un participante del mercado, no un modificador de reglas. El Tribuno protege los derechos consolidados y tampoco firma; ostenta un veto que, mientras se mantenga en pie, exige a todos los cargos firmantes en lugar de dos. Un veto no es, por tanto, ni absoluto — un Tribuno capturado no puede congelar la constitución — ni decorativo, ya que los cargos que vigila no pueden levantarlo entre ellos.
Nada en el mecanismo puede comprobar que el principal de un cargo sea independiente del cuerpo político que lo cubrió. La puerta verifica que las firmas provienen de claves distintas en manos de principales distintos; no puede verificar que esos principales sean personas distintas y no una misma parte con varios sombreros. Por eso cada titular aporta una atestación de una parte externa nombrada, y los nombres se publican aquí — eso es lo que hace que la afirmación sea refutable por alguien que lo sabría.
Ningún cuerpo político ha cubierto un cargo constitucional. Eso es un hecho sobre el mundo, no una superficie cerrada: hasta que alguno lo haga, ninguna enmienda puede ejecutarse en ninguna parte.
No se ha presentado ninguna propuesta. La superficie está activa y vacía, lo cual es un hecho distinto de que la superficie esté cerrada.